martes, 18 de mayo de 2010

DISPONIBILIDAD DE LA PROPIA VIDA

En cuanto a la disponibilidad de la propia vida no puede perderse de vista que aun cuando las legislaciones no reprimen el suicidio ni la tentativa del suicidio – como es el caso ecuatoriano – si se sancionan las conductas de participación en el suicidio que demuestran el disvalor jurídico de la conducta consistente en quitarse la vida, “sólo explicable por el carácter indisponible de la vida humana”[1]. No obstante lo anterior, la opinión mayoritaria en la actualidad parece darse a favor del carácter disponible de la vida humana, aunque como hace notar la catedrática española “ni todos los autores otorgan a la disponibilidad de la propia vida el mismo fundamento, ni todos le establecen los mismos límites, ni todos derivan de ella las mismas consecuencias, que suelen variar según la clase de eutanasia de que se trate y sobre todo, según se extienda o no a los suicidios no eutanásicos”.
Veamos el resumen de algunas posiciones doctrinarias recurriendo a un “criterio sistematizador” basado en los “distintos grados de admisión de la disponibilidad sobre la propia vida, desde el más amplio e indiscutible hasta el más limitado y/o cuestionado”, aunque sin perder de vista que el Derecho Penal protege bienes jurídicos. El bien jurídico, según Luis Fernando NIÑO, (ob. cit. p. 126) es “la expresión jurídica del reconocimiento de un interés del individuo, necesario para su plena realización, en armonía con el medio social”. Algunos de esos bienes jurídicos que protege el Derecho Penal son indiscutiblemente renunciables, como la libertad, la propiedad, la integridad física. La pregunta clave, por tanto, es: ¿está la vida dentro de los bienes jurídicos a los que puede la persona renunciar libremente?.
1. Por lo que el homicidio consentido es punible al igual que cualquier otro homicidio, un importante sector de la doctrina afirma que, sobre esa base, la vida humana no es disponible, pese a que, en la práctica, el reconocimiento de la disponibilidad de la propia vida en situaciones que motivan la eutanasia pasiva no plantea problemas puesto que “las condiciones de vida del enfermo están tan degradadas que su mantenimiento artificial supone una degradación más”[2]. Por ello, en palabras de la misma autora, es importante “recoger el reconocimiento de la disponibilidad de la propia vida ante un tratamiento destinado únicamente a prolongarla de modo artificial, lo que no puede sino basarse en la imposibilidad de entender el derecho a la vida como algo vinculado o comprensivo de un teórico ‘deber de vivir”.
2. Puede reconocerse la disponibilidad de la vida para fundamentar la impunidad de la eutanasia activa en determinados casos; pero, esta capacidad de “disposición incluiría la decisión de que un tercero intervenga activamente en la causación de la propia muerte, sin ser por ello acreedor de responsabilidad penal”[3]. Las opiniones a favor de este alcance de la disponibilidad son cada vez más frecuentes. Importantes autores españoles como DEL ROSAL BLASCO y VALLE MUÑIZ tratan de encontrar un fundamento constitucional en el reconocimiento del derecho a la vida que, implícitamente, incluiría un “derecho a la muerte” del que se derivaría la disponibilidad absoluta de la vida, en cuanto tampoco se da lo contrario, esto es, la absoluta protección y absoluta irrenunciabilidad. Por ello se argumenta que “la vida es un derecho fundamental que, aunque con suma cautela por tratarse de uno de los más importantes, admite que el ordenamiento haga decaer su protección absoluta en determinados casos[4]”, como, por ejemplo, en la legítima defensa, en actos de heroísmo y renunciamiento por razones religiosas o fuertes convicciones políticas o revolucionarias[5]; de igual manera, los casos en los que socialmente se acepta como normal y corriente la disposición de la vida; así en los deportes de alta montaña, las profesiones riesgosas, las operaciones quirúrgicas con finalidad plástica o reparadora; y como se hace notar citando cifras: “la causa principal del fallecimiento de los jóvenes en muchos países está configurada por los accidentes viales” (NIÑO, ob. cit. p. 128).
En igual sentido, hay también autores que interpretan el derecho a la vida integrándolo con otros preceptos constitucionales y valores superiores, especialmente, la libertad. Así, CARBONELL-GONZÁLEZ CUSSAC entienden que “sólo la vida libremente querida por su titular merece protección penal (o su consideración como bien jurídico protegido), mientras que KAUFMANN relaciona directamente el derecho a la vida de la Constitución alemana con la capacidad de autodeterminación humana, lo que le conduce a rechazar la irrenunciabilidad de derecho a la vida.”
Pero, como hace notar la catedrática española, cuyas reflexiones seguimos en este punto, lo que no puede perderse de vista en esta concepción para comprenderla con mayor facilidad es que el ámbito de disposición de la vida está determinado por el propio titular del derecho, “lo que conduce, expresamente o no, a la total ausencia de límites – o al establecimiento del consentimiento como el único de ellos – o bien a la proclamación de un “derecho a la muerte”, pero a condición de que se cumpla la exigencia previa de que en cualquier caso un tercero deberá ejecutar la muerte a petición. Por ello, no es extraño que hayan aparecido opiniones partidarias de integrar el ámbito del derecho a la vida con el de otros derechos fundamentales como la dignidad o el libre desarrollo de la personalidad: la vida no es un valor absoluto, sino directamente vinculado a otros derechos que son inherentes a la persona humana. De esta concepción de la vida no se deduce su irrenunciabilidad sino, entiende DEL ROSAL BLASCO, todo lo contrario, esto es, la posibilidad de disponer de ella rechazando el deber de seguir viviendo, cuando las condiciones que rodean la existencia la hace insoportable”.
3. Otro grupo de opiniones niega la justificación o, en general, la impunidad, de la eutanasia activa y, en tal sentido, niegan que la disponibilidad sobre la propia vida llegue al extremo de admitir la impunidad de la intervención de terceros. Así, BAJO FERNÁNDEZ, quien si admite ciertos márgenes de disponibilidad para otros supuestos, mantiene la tipicidad y plena responsabilidad en la eutanasia activa. Igualmente, LUZÓN PEÑA se manifiesta contrario a que los valores del Art. 1 de la Constitución española (“que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”) prevalezcan sobre el derecho a la vida, manteniendo la posibilidad de que el Estado la garantice a través de la indisponibilidad.
4. Finalmente, un último grupo se ubica en el de menor aceptación de la disponibilidad sobre la propia vida y en él se encuentran los supuestos del suicidio no eutanásico. Considera que la impunidad de la conducta del suicida puede explicarse como una decisión político-criminal o basada en razones prácticas, (porque ya no se puede juzgar y condenar al cadáver del suicida) lo cual no necesariamente significa que se la considera lícita por suponer un ejercicio de la disponibilidad de la propia vida, como en el caso de las auto lesiones y de la auto mutilación, en los que se estaría renunciando a los derechos a la integridad física o a la salud, que no se sancionan por falta de tipicidad en el Código Penal común, pero sí reprime en el Código Penal militar[6]. Pero, aun en caso de que se admita que en el suicidio no eutanásico el suicida está actuando lícitamente por ejercer su derecho a la disponibilidad sobre la propia vida, queda prácticamente sin piso la opinión favorable a fundamentar la impunidad de cualquier forma de participación en el suicidio ajeno, como la instigación y cooperación determinante, que sí reprimen prácticamente todos los códigos penales[7].
En suma, el derecho a la vida que reconoce la Constitución Política de la República no incluye el deber de seguir viviendo, por lo que se permite un ámbito de disponibilidad sobre la propia vida y por ello el suicidio es impune. La consideración de la vida como un derecho y no como un deber, “evita una ficticia confrontación entre la vida y la libertad que se pretende resolver apelando a la prevalencia formal de una sobre otra”. A. PIEPER, en su obra ARGUMENTOS ÉTICOS A FAVOR DE LA LICITUD DEL SUICIDIO (Concilium, 199, mayo 1985, p. 370) citado por BERISTAIN (ob. cit. p. 15) dice: “El suicidio responsable (no patológico) es una acción que se realiza a favor de la libertad; es cierto que no abre ninguna libertad nueva para el que lo lleva a cabo, sino que concluye para él de una vez por todas esta forma de realización del hombre, pero simultáneamente revela su voluntad de afirmar la validez del principio de libertad: precisamente, por reconocer el principio de libertad, se prefiere la muerte a una vida no libre y, por tanto, no humanamente digna de vivirse. Una vida que ya sólo se puede sostener a costa de la humanidad es, desde el punto de vista de lo humano, más indigna que el simple no vivir”.
A mayor reconocimiento de la disponibilidad del bien jurídico vida, mayor permisión de la intervención de terceros incluso sin el consentimiento expreso del afectado (eutanasia pasiva), por razones de piedad, compasión o lástima. La Constitución reconoce implícitamente la disponibilidad porque no la prohíbe ni la permite, pero esto no significa necesariamente que el ordenamiento jurídico valore positivamente la muerte consentida ni que la protección jurídica de la vida se retire absolutamente. Desde el punto de vista constitucional, cabe perfectamente admitir la licitud de ejecutar la propia muerte, o cuando menos aceptar que “el suicidio en situaciones extremas es una acción éticamente permitida o indiferente”[8] pero, el problema principal, que realmente es motivo de nuestra preocupación lo encontramos en la posible intervención de terceros en aquellos casos en los que la disponibilidad de la vida sólo es ejecutable con la intervención de terceros, en caso de imposibilidad del titular de la vida o en otros supuestos excepcionales. Este es el núcleo del problema.
Carlos BINDING sintetiza el problema desde el ángulo jurídico planteando preguntas directas: ¿Debe limitarse la destrucción de los seres humanos a la forma no permitida, pero sí tolerada e impune, del suicidio? ¿Puede, por el contrario, extenderse – y en qué limites – el aniquilamiento lícito de la vida humana por terceras personas?; y, más concretamente, el problema podría plantearse jurídicamente así: ¿Hay vidas humanas que han perdido la cualidad de bien jurídicos, por quedar desprovista de valor la continuación de su existencia, tanto para el mismo sujeto como para la sociedad?[9]



[1] GARCÍA ARÁN, Mercedes. EUTANASIA Y DISPONIBILIDAD DE LA PROPIA VIDA, página 3. Cuadernos y estudios de Derecho Judicial; Consejo General del Poder Judicial español. Edición 2004. Luis Fernando NIÑO, dice: “De Sócrates  - en su diálogo con Cebes – a Cuello Calón, de Moisés – en el Deuteronomio – a Olesa Muñido, la postura es prácticamente unánime: la vida es un don dado por Dios y sujeto a su potestad que hace vivir y hace morir”.
[2] GARCÍA ARÁN, Mercedes. Obra citada
[3] GARCÍA ARIÁN Mercedes, obra citada
[4] GARCÍA ARIÁN Mercedes, obra citada
[5] Luis Fernando NIÑO en su obra EUTANASIA. MORIR CON DIGNIDAD, p. 41, recuerda que “La muerte del enemigo en situación de guerra “justa”, la del criminal – por orden de la autoridad pública y según la ley – y el homicidio en legítima defensa componen la tríada de más rancio abolengo en este elenco de situaciones excepcionales”. También nos recuerda que en el Corán, “se reconoce como aceptado por Dios “el sacrificio de los piadosos (Azora V, vers. 30), la defensa legítima (idem, vers. 35) la pena de muerte talional para el homicida (Azora II vers. 173) y la “guerra santa” (idem, vers. 244-246).
[6] “Art.  111.-  Los  que  se mutilaren o inutilizaren por si mismos, para  el  servicio  militar, o consintieren con otros les inhabiliten, así  como éstos, serán sancionados con dos a cinco años de prisión, en tiempo  de paz; y en campaña, con reclusión mayor ordinaria de nueve a doce  años  y  con  reclusión mayor extraordinaria, frente al enemigo”.
[7] Para Hans WELZEL, citado por NIÑO, (ob. cit. p. 132) es de fundamental establecer una diferenciación entre el acuerdo y el consentimiento propiamente dicho, teniendo presentes los siguientes extremos: a) la regla general en la vida individual y social desarrollada en comunidad es la libertad; b) el legislador sólo puede acuñar tipos legales tomando en cuenta la seguridad de los ciudadanos, considerados individual o genéricamente; c) para proveer al fin general del Derecho Penal hay que seleccionar entes u objetos que, al ser valorados como positivos, habrán pasado a ser bienes; y, al resultar protegidos por la norma, habrán devenido bienes jurídicos. De esta reflexión se derivaría que una persona tenga el derecho a disponer de un objeto con asistencia de otros, siempre que no sea en contra de la voluntad del titular del bien jurídico.
[8] A, PIEPER, Argumentos éticos a favor de la licitud del suicidio, en “Concilium”, 199 (mayo 1985) p. 370. BERISTAIN, dice: “Hemos superado ya, en muchos aspectos, aquellos tiempos cuando la condena teológica del suicidio era pacíficamente admitida por eminentes juristas, como Beccaria. Según éste, el suicidio no es delito, pero sí acarrea “una eternidad infeliz y supone una culpa que Dios castiga”. Luego, el sacerdote-penalista concluye: “Lo mismo se puede decir, y por los mismos argumentos, acerca del derecho a culminar la vida con dignidad” aunque, en lo personal, no creemos que un Dios misericordioso imponga castigos eternos siempre y en todos los casos a quien se quita la vida – o permite que le quieten – porque su existencia en este mundo se ha tornado insoportable.
[9] Citado por JIMENEZ DE ASÚA Luis, en EUTANASIA Y HOMICIDIO POR PIEDAD, Editorial Desalma, Buenos Aires,1992, Séptima edición, p. 409, 410.

miércoles, 12 de mayo de 2010

SUICIDIO Y EUTANASIA

Se admita o no la existencia de un derecho a morir, éste debe ejecutarse a través de la eutanasia y contando con la concurrencia de, al menos, dos personas: la una, el enfermo incurable y atormentado a quien también le podríamos identificar como el sujeto paciente; y, la otra, la persona que lleva a cabo la técnica eutanásica, que sería el sujeto agente. Pero si en esta dualidad prevalece la figura del sujeto paciente que expresa su decisión de morir y requiere el concurso de otra persona, podríamos estar frente a un suicidio con la ayuda o cooperación de otra persona; mas, si la actividad del sujeto agente resulta primordial para la consecución del objetivo buscado, podríamos estar frente a un homicidio con el consentimiento de la víctima.

Frente a esta situación, personalmente, nos parece extrema la posición de quienes observan estas dos posibilidades con un sabor predominantemente delictivo, siendo así que no puede dejarse de lado o ignorarse que la muerte se produce por compasión para con el moribundo, enfermo o lesionado a quien se le ayuda positivamente a ejercer un personalísimo derecho a morir porque aquel ya no puede vivir con dignidad, constituyendo más bien un acto de suprema caridad, una obra de misericordia cumplida con el paciente.

Patéticos son los procesos que culminaron con absoluciones de los acusados y que han apasionado en los últimos años la opinión pública de gran número de países en los que se discute, se trata de estos temas, y cuando se producen hechos concretos son juzgados por los jueces y tribunales antes que por periodistas desinformados que opinan sobre todos los temas sin conocer nada de Derecho o de leyes. Aún en esos casos, la prensa sensacionalista y que vive de los escándalos, ha narrado, con no oculta simpatía el gesto homicida de los que por presuntos motivos de piedad y compasión pusieron fin con la muerte a los terribles sufrimientos de pacientes aquejados de dolorosas enfermedades incurables.

CUELLO CALÓN[1], refiere algunos de casos muy sonados: “Aún perdura el recuerdo de las clamorosas absoluciones, la de Carol Ann Paight, homicida de su doliente padre canceroso sin esperanza, absuelta por el jurado de Bridgeton (Connecticut) el 8 de febrero de 1950; la del Dr. Sander, médico reputado y estimado, que a iniciativa propia, movido de piedad hacia una incurable enferma de cáncer aquejada de terribles dolores, inyectó en sus venas cuatro decímetros cúbicos de aire, causándole la muerte; su sensacional proceso, comenzado ante el jurado de Manchester (New Hampshire) el 20 de Febrero de 1950, terminó con una absolución, acogida con gritos de entusiasmo; la del músico Eugenio Braunsford, juzgado por el jurado de Detroit, acusado de haber dado muerte, con un tiro de revólver en la nuca, a su hija paralítica; también por la misma época fue juzgada y absuelta Irene Williamson, de 19 años, que en Dewsbury (Yorshire), así mismo, “por piedad”, mató a su madre, cancerosa desahuciada. En febrero de 1951, en Bondy (Francia) una anciana de 83 años, Laure Ouf, enferma de cáncer en el páncreas y de úlceras en el estómago y en el intestino, tullida por completo, fue muerta a petición suya por su hija Susana, que le había curado con cariño y admiración admirables, procesada ésta e internada en una casa de salud, se suicidó a poco de la terminación de su internamiento. Tan solo Edmundo Vatalegna, que en 1951, dio muerte en Roma obedeciendo a sus súplicas a su esposa enferma de cáncer, sin esperanza, atormentada por horribles sufrimientos, primer caso de homicidio eutanásico, fue condenado a la pena de seis años de reclusión, condena que por considerarla excesiva originó una irritada reacción popular”.

Afirma CUELLO CALÓN que en estas y otras absoluciones que se han dado en el siglo pasado se reconoce o al menos parece reconocerse que la eutanasia, practicada por motivos elevados, por compasión humanitaria o por sincera convicción profesional, constituye un hecho efectuado de acuerdo con la moral y, “jurídicamente, una causa de justificación del homicidio o, cuando menos una causa de exclusión de la culpabilidad”, temas estrictamente jurídicos sobre los que volveremos más adelante. No obstante, por el momento dejemos consignado nuestro criterio de que, de llegar a presentarse un caso real para resolución de los tribunales penales de Ecuador, sin temor a equivocarnos, tendríamos que concluir que el rigorismo legal terminará por imponerse sobre cualquier otra consideración de compasión humanitaria que hubiere animado al sujeto agente, independientemente de las serias e inocultables limitaciones en cuanto al conocimiento de la Teoría del Delito que podría conducir a un fallo exculpatorio sobre la base de una exclusión de culpabilidad por falta del dolo en clásica concepción del Art. 14 del Código Penal, en cuanto no hay designio de causar daño, sino todo lo contrario pues lo que se buscar es hacer un bien liberando al sujeto paciente de un dolor o un padecimiento ineludibles.

[1] CUELLO CALÓN, Eugenio. TRES TEMAS PENALES, Casa editorial Bosch, Barcelona 1985, página 125

miércoles, 28 de abril de 2010

DERECHO A VIVIR Y DERECHO A MORIR

Hasta hace algunos no eran muchos los que se ocupaban del problema de la disponibilidad de la propia vida y de la eutanasia, debido a que la protección “absoluta” de la vida planteó pocos problemas mientras la Biología y la Medicina no estuvieron en condiciones de manipular el comienzo y el fin “natural” de la vida humana por medios artificiales. El interés se ha incrementado en las últimas décadas debido a que el progreso científico y técnico  ha permitido no sólo prolongar artificialmente la vida más allá de lo que permitiría la naturaleza, logrando determinar distintas fases en el proceso de la muerte (cardiaca, cerebral…), perfeccionando los pronósticos sobre la esperanza de vida, los propios conceptos de “vida” y “muerte” que “han perdido en partes sus contornos precisos y han pasado a relativizarse en función de  la capacidad científica de incidir en ellos”[1].
Precisamente por lo dicho, el punto de partida para un análisis doctrinal de la eutanasia debe ser el tener un concepto claramente determinado, único y absoluto de la vida en cuanto bien jurídico objeto de protección jurídica; pero, “si la protección de la vida no puede entenderse de manera absoluta, habrá que plantear determinados grados de disponibilidad de la misma por su titular, respecto de los cuales pueden encontrarse varias versiones doctrinales” que analizaremos más adelante, aunque de momento conviene mencionar que la relativización de la protección jurídica de la vida como la disponibilidad de su titular sobre la misma, debe ser tratadas de manera distinta según estemos frente a la eutanasia o al suicidio, cada uno por distinta motivación, “cuyas diferencias impiden igualarlos en las consecuencias de disponibilidad de la propia vida”[2], a los cuales hay que sumar otras situaciones en las que el individuo no busca deliberadamente la muerte pero acepta los riesgos ciertos de que se produzca, por considerar otros valores, intereses o principios de mayor valor que la propia vida, como en los casos de huelga de hambre, auto inmolación o rechazo frontal y definitivo de los tratamientos médicos.
Ninguna persona puede negar que todos los seres humanos tenemos un derecho a la vida, derecho que está considerado en todos los ordenamientos jurídicos del mundo como un derecho fundamental hasta el punto de que, como se ha dicho tantas veces, ontológicamente, es el que permite el uso y goce de todos los demás derechos.[3]   Pero, los defensores de la eutanasia, añaden una matización que debe tenerse presente: derecho a una vida, si, pero acorde con la dignidad humana; derecho a la vida, si, pero no proclamándolo de manera teórica, en lo cual todos necesariamente estarían de acuerdo, sino a una vida con cierto contenido, es decir con una calidad de vida. “Si este derecho a vivir con cierta calidad de vida – es decir, no de cualquier modo y a cualquier precio y a toda costa, sino con dignidad – no es posible, y no es posible a los afectados por enfermedades o lesiones incurables muy dolorosas, será necesario reconocer, frente al derecho a vivir un derecho a morir sin dolor, para evitar la vida indigna sujeta a un dolor irresistible. En tal caso, y dada la colisión de derechos, habrá que entender que el derecho a morir tiene preferencia sobre el derecho a morir”[4]
En suma, como sostiene el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Fernando ZUBIRI DE SALINAS[5], tenemos derecho a la vida, “pero no sólo a la caracterización fisiológica de lo que significa estar vivo” porque la Constitución Política de la República reconoce y ampara el derecho a una vida digna. La inviolabilidad de la vida que con tanta sencillez y determinación reconoce el Art. 23 No. 1 de la Constitución Política de la República tiene que relacionarse con los otros derechos fundamentales de las personas que resultan indispensables para una elemental capacidad de vivir con dignidad; así, la integridad personal, la igualdad ante la ley, la libertad, el derecho a desarrollar libremente la personalidad sin otras limitaciones que las impuestas por el orden jurídico y los derechos de los demás, el derecho a vivir en un ambiente sano, el derecho a la honra, a la buena reputación y a la intimidad personal y familiar, protegiendo la voz, la imagen y el nombre de la persona, entre otros; y, principalmente, el derecho a una calidad de vida que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, recreación, vivienda, vestido y otros servicios sociales necesarios.
Algunos[6] creen encontrar en el derecho al libre desarrollo de la personalidad la línea ideológica de un humanismo personalista indispensable para resaltar la capacidad del individuo para decidir sobre su propia vida, la forma de vivirla y de ejercer los derechos fundamentales que le son inherentes. “La esencia de los derechos y libertades radica en el libre desarrollo de la personalidad, en el pleno despliegue y perfeccionamiento de la persona humana”, en opinión de LUCAS VERDÚ; no obstante, partiendo de este concepto arribamos a un subjetivismo peligroso que mira los hechos desde la óptica de cada persona, que se considera dueña de su propio destino, según la valoración personal de sí misma y de su forma de vida, y del cúmulo de posibilidades de lo que deberá entenderse como vida digna, o digna de vivirse, actuando y desarrollándose en consecuencia, hasta llegar “al punto clave de la cuestión: no es posible situar el derecho a la vida sobre la libertad del individuo”[7].
El derecho a morir supone un análisis previo de si los seres humanos racionales también tenemos un derecho a disponer libremente de la propia vida, no solamente en cuanto a la forma de vivirla, sino también y fundamentalmente, en lo que nos interesa al objeto de este estudio, en orden al momento y modo de concluirla. “En una aproximación filosófica al tema, me parece fuera de duda[8] que la decisión de poner fin a la propia vida constituye un supremo ejercicio de la voluntad sobre el instinto más natural y primario, que es el de conservación. Así se entiende la observación de Albert CAMUS, cuando afirmaba que no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio, porque resulta necesario para todo hombre resolver la cuestión del sentido de la vida y, correlativamente, si merece la pena seguir viviendo cuando ésta lo pierde”. Y esto, en el entendido que el tema que nos ocupa tiene muy serias connotaciones éticas y religiosas, de las cuales no nos ocuparemos, por no ser el ámbito de este análisis que mira a lo exclusivamente jurídico, aunque sin olvidar que aún en las sociedades laicas el ordenamiento jurídico no puede imponer una línea de pensamiento única sobre el sentido de la vida y la concepción del mundo.
Entre los tratadistas de Derecho Penal son algunos los que reconocen el derecho a disponer libremente de la vida. “Así, VALLE MUÑIZ sostiene que la vida es un bien libremente disponible por su titular; en consecuencia, el suicidio es un acto libre y jurídicamente no desaprobado[9]. Por su parte, CARBONELL MATEU afirma que la vida es un derecho, no un deber, de modo que sólo la vida libremente deseada por su titular puede merecer el calificativo de bien jurídico protegido. Y, DIEZ RIPOLLÉS, con una muy rigurosa fundamentación, mantiene que puede entenderse en nuestro ordenamiento la existencia de un derecho limitado – no fundamental – a la disponibilidad de la propia vida”[10].
En cuanto a la Jurisprudencia, con motivo de una demanda de amparo interpuesta por varios internos en centros penitenciarios españoles, miembros de una organización delictiva, respecto a la constitucionalidad de la alimentación forzada, el Tribunal Constitucional español[11] tuvo la oportunidad de pronunciarse acerca de la dignidad de la persona, de la relación de especial sujeción a que están sometidos los internos en centros penitenciarios y, principalmente, el derecho a la vida. En lo que concierne, el texto es el siguiente:
“F.J. SÉPTIMO.- El derecho fundamental a la vida, en cuanto derecho subjetivo, da a sus titulares la posibilidad de recabar el amparo judicial y, en último término, el de este Tribunal frente a toda actuación de los poderes públicos que amenace su vida o su integridad. De otra parte y como fundamento objetivo del ordenamiento impone a esos mismos poderes públicos y en especial al legislador, el deber de adoptar las medidas necesarias para proteger esos bienes, vida e integridad física, frente a los ataques de terceros, sin contra para ello con la voluntad de sus titulares e incluso cuando ni siquiera quepa hablar, en rigor, de titulares de ese derecho (STC 53/85).
Tiene, por consiguiente, el derecho a la vida un contenido de protección positiva que impide configurarlo como un derecho de libertad que incluya el derecho a la propia muerte. Ello no impide, sin embargo, reconocer que, siendo la vida un bien de la persona que se integra en el círculo de su libertad, pueda aquella tácticamente disponer sobre su propia muerte, pero esa disposición constituye una manifestación del “agere licere”, en cuanto que la privación de la vida propia o la aceptación de la propia muerte es un acto que la ley no prohíbe y no, en ningún modo, un derecho subjetivo que implique la posibilidad de movilizar el apoyo del poder público para vencer la resistencia que se oponga a la voluntad de morir, ni, mucho menos, un derecho subjetivo de carácter fundamental en el que esa posibilidad se extienda incluso frente a resistencia del legislador, que no puede reducir el contenido esencial del derecho.
En virtud de ello, no es posible admitir que la Constitución garantice un art. 15 el derecho a la propia muerte”.
Como se ve, la decisión constitucional niega la existencia de un derecho subjetivo a la propia muerte, que se haber sido reconocido pudiera haber traído consecuencias para los poderes públicos, como se apunta en la argumentación, y respecto a terceros que tratasen de oponerse a la decisión del suicida. En palabras del magistrado del Tribunal de Justicia de Aragón, ZUBIRI DE SALINAS, “la argumentación del Tribunal no resulta […] satisfactoria, pero puede ser entendible en las circunstancias en que se adoptaba (alimentar por la fuerza a presos que se resistían a hacerlo voluntariamente). Y de todos modos establece esa facultad de decidir sobre la vida propia, incluida en una libertad genérica de actuar, lo que llevado al campo penal nos trae de nuevo a la consideración del bien jurídico protegido por la penalización de las conductas…”.
En algunos países, como en España, frente a opiniones mayoritarias, CARBONELL MATEU[12] hace notar que el objeto de tutela del Art. 143 del Código Penal[13] no es cualquier vida sino, precisamente, la vida no deseada por su titular, para continuar afirmando que lo que se tutela aquí no es otra cosa que el interés del Estado en la continuidad de la vida no deseada por su titular. Podría vislumbrarse, entonces, una confrontación entre lo que pretende el titular del bien jurídico vida y el interés del Estado por preservar y mantener la vida de quien no desea seguir viviendo y a quien se le va a mantener con vida aun en contra de su voluntad. De otro lado, VIVES ANTÓN hace notar que por la vigencia del principio de legalidad “no todo tipo de conducta puede convertirse en materia de prohibición, sino que la ingerencia estatal ha de ceñirse a lo que resulte indispensable para tutelar la coexistencia externa de los arbitrios individuales según la ley general de la libertad; y que del principio de legalidad deriva naturalmente otro de intervención mínima o proporcionalidad en sentido amplio”. No siempre el principio de intervención mínima es observado por los legisladores; por el contrario, la mayoría no siquiera conocen de su significado y trascendencia en un Estado de Derecho que debe respetar la voluntad y libertad de los individuos por sobre esporádicas corrientes de opinión que consideran que a través de leyes penales y con amenaza de penas se puede gobernar hasta las más insignificantes actuaciones de los miembros de una sociedad.
En cualquier caso, para algunos, el derecho a la vida y correlativamente el deber de vivir, evitando la muerte, y para ello actuando positivamente para curarse y hacerse curar[14], forma parte de los derechos de la personalidad. Consecuentemente, se debe hacer uso de “todos los recursos de la naturaleza  [que] han sido puestos a su disposición por el Creador para que puedan proteger y defender a los hombres de la enfermedad”[15].
Pero, precisamente, “los derechos de la personalidad no sólo exigen el respeto de todos, como los derechos reales, y configuran un complejo de derechos-deberes, como los funcionales, sino que, además, son innatos, consustanciales con el hombre por el hecho de ser hombre, anteriores y superiores a la sociedad y al Estado como gerente de la misma y, por todo ello, irrenunciables e indelegables”[16].

[1] GRACÍAS ARAN, Mercedes, Eutanasia y disponibilidad de la propia vida, Cuadernos y Estudios de Derecho Judicial, Consejo General del Poder Judicial Español, Edición 2004.
[2] GARCÍA ARAN Mercedes, trabajo citado, página 2
[3] Es altamente significativo que la Constitución Política de la República del Ecuador, al redactar los derechos que reconoce y garantiza el Estado, “sin perjuicio de los derechos establecidos en […] los instrumentos internacionales vigentes” mencione, en primer lugar, “La inviolabilidad de la vida”, y no simplemente el derecho a la vida como mencionan otras constituciones.
[4] www.muertedigna.org/textos.euta67.htm
[5] ZUBIRI DE SALINAS, Fernando.- Colaboración al suicidio y eutanasia, Cuadernos y estudios de Derecho Judicial, Consejo General del Poder Judicial Español, Edición 2004.
[6] LUCAS VERDÚ, citado por ZUBIRI DE SALINAS Fernando, obra citada, página 2.
[7] VALLE MUÑIZ, citado por ZUBIRI DE SALINAS Fernando, obra citada,  página 2
[8] Afirma el magistrado español ZUBIRI DE SALINAS Fernando.
[9] El suicidio no está tipificado como delito, no siquiera la tentativa de suicidio, como muchos, equivocadamente, creen. Lo único que sanciona el Código Penal ecuatoriano, en el Art. 454, es la instigación o prestación de auxilio al suicidio.
[10] Citados por ZUBIRI DE SALINAS Fernando, obra citada, página 3
[11] TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, PLENO, Sentencia No. 120/1990, de 27 de junio de 1990, ponente GARCÍA MON.
[12] Citado por ZUBIRI DE SALINAS, obra citada página 4.
[13] El No. 4 del Art. 143 del Código Penal español de 1995, tiene el siguiente texto: “El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo”, es decir 2 a 5 y 6 a 10 años.
[14] Congregación para la Doctrina de la Fe, 5-V-1980
[15] Pío XII, radiomensaje al VII Congreso Internacional de Médicos Católicos, 11-IX-1956
[16] www.muertedigna.org/textos/euta67.htm

lunes, 26 de abril de 2010

CLASES DE EUTANASIA

Esta clasificación, siguiendo al profesor NIÑO[1], toma en consideración dos pautas básicas: el autor y la actitud adoptada respecto del curso de la vida.

a) Según la primera de estas clasificaciones tendríamos que distinguir entre eutanasia autónoma, que sería la preparación y provocación de la propia “buena muerte”, sin intervención de terceras personas; y, eutanasia heterónoma, en la que habría acción o participación de otra u otras personas. El autor citado hace notar que prefiere estas denominaciones a las de “suicida” u “homicida”, “por la sobrecarga de desvalor que pesa sobre estos términos”, señalando que la autónoma debe dejarse de lado porque es “materia ajena a todo tratamiento jurídico-penal racional”.

b) De acuerdo con la actitud asumida frente al curso de la vida, debe mencionarse en primer lugar a la eutanasia solutiva, así denominada por NIÑO, y que otros autores la identifican como “pura”, “lenitiva”, “auténtica” o “genuina”. Ésta sería la “consistente en el auxilio en el morir desprovisto de todo efecto de abreviación de la parábola vital. Mitigar el sufrimiento mediante calmantes que no incidan en la duración de ese decurso, controlar las sofocaciones o espasmos, asistir psicológica y/o espiritualmente al enfermo o anciano, son expresiones de eutanasia solutiva”[2]. Frente a esta eutanasia que conlleva un deber moral y jurídico, tendríamos otra a la que denominaríamos resolutiva, que se caracterizaría por “incidir en la duración de dicho plazo, sea reduciéndolo, sea suprimiéndolo, en interés del enfermo o anciano y con su consentimiento previo y autodeterminado o el de sus representantes legales”[3]. Ésta sería la eutanasia activa directa, que es realidad la típica porque es la que esencialmente da pie a todos los problemas éticos, sociales, religiosos y desde luego a todas controversias jurídicas posibles, porque “supone una acción positiva para acortar la vida de un enfermo terminal, con intención directa de ello, con su consentimiento expreso o tácito”[4].

También se considera la eutanasia activa indirecta como la acción que trata de aminorar el sufrimiento del paciente terminal, con el conocimiento de que el tratamiento empleado para ello puede, como efecto secundario, producir la muerte del mismo.

En cambio, la eutanasia pasiva u ortoeutanasia parte de la base de la omisión de tratamiento médico que facilite la prolongación de la vida del paciente terminal, con lo que se acelera el desenlace mortal.

Quede claro que estos tipos de eutanasia nada tienen que ver con la llamada eutanasia eugénica que supone producir la muerte de una persona con una finalidad de salud social, generalmente, de seres subnormales, enfermos psíquicos, deformes, tarados, cuyos descendientes por fatal ley de herencia serán nocivos o peligrosos para la sociedad; y, la eutanasia económica que supone la eliminación de enfermos terminales, viejos, inválidos, que constituyen una grave carga económica, para la sociedad en general y para sus familiares en particular. Estas dos clases de eutanasia, junto a otras “clases” de eutanasia como la selectiva (que extermina a quienes no sean “pura sangre”), la judicial (que aplica la muerte sin dolor) no pueden incluirse en el campo de la eutanasia porque constituyen una expresión de barbarie que parte de una inhumana selección basada en un intolerable racismo, o en la eliminación despiadada de las llamadas “bocas inútiles” en sociedades que han dejado de lado los más elementales sentimientos de convivencia civilizada entre seres humanos semejantes, más allá de que creamos o no que todos somos hijos de un mismo Dios creador[5].

Tampoco es aceptable que refiriéndose a las finalidades eugénicas o económicas, sin mayor análisis, se eche tierra sobre el tema para eludir su tratamiento en profundidad y terminar rechazando la legalización de una eutanasia activa directa en la que prima una intención que tiene por finalidad anticiparse a la llegada de una muerte segura, suprimiendo, sin dolor, y previo consentimiento, los sufrimientos de quien padece de enfermedad o lesión incurables. Éste concepto de la eutanasia en la que prima la intención debe necesariamente distinguirse de la técnica eutanásica en la que prima el método consistente en producir la muerte por vía indolora. La distinción es importante para que no se desdibuje el concepto ni se lo confunda con lo que no son más que aplicaciones de la técnica eutanásica a casos en los que se desea provocar la muerte dando paso a la extinción indolora de las vidas depauperadas a las que ya nos hemos referido. “Para que pueda hablarse de eutanasia en su verdadera acepción, que es la que aquí fundamentalmente nos interesa, han de coincidir el método y la intención: el método de la muerte indolora y la intención de evitar el dolor insufrible que padece aquel al que se aplica”[6].

No puede negarse que la eutanasia existe en todas las sociedades del mundo aunque no se cuente con datos estadísticos de las muertes que bajo el concepto general o específico se producen permanentemente. Hay una insoslayable “cifra negra” de actuaciones tipificadas penalmente pero que no son perseguidas ni castigadas; más aún: hay países en los que se habla abiertamente del tema y se admiten las muertes piadosas que quedan en la impunidad y ninguno se atreve a investigar porque se las tiene por “buenas”, o por “compasivas”, como cuando familiares del fallecido se sinceran con allegados poniendo al descubierto que al familiar se le desconectó los instrumentos que le mantenían con vida artificial, o que se dejó de suministrarle medicamentos que prolongaban una inexistencia intolerable para el individuo y sus familiares que no podían soportar indefinidamente una dolorosa situación de esa naturaleza. En Francia los jurados populares absuelven sistemáticamente a los que por compasión provocan una muerte eutanásica, en tanto que son muchísimas las voces de personas que creen que el doctor Jack Kevorkian y su máquina del suicidio prestaban invalorable ayuda a quienes requerían de su concurso, hasta que el médico fue juzgado y condenado. Igualmente, hay médicos que empiezan a admitir lo que la profesión mantuvo antes en secreto: que los médicos a veces matan a los pacientes que piden morir, o que les ayudan a que se quiten la vida”[7], lo cual queda cubierto por un espeso velo de impunidad porque ninguno será tan ingenuo de darlo a publicidad, si los certificados médicos que se confeccionan dan cuenta de muertes naturales y jamás nadie investiga si ello es verdad o no. Imaginemos lo que ocurriría si a un Fiscal ecuatoriano se le ocurre verificar, de oficio, si todos los certificados médicos en los que se hace constar como muerte natural prestan mérito para ser tenidos por verídicos, siendo así que en muchos hospitales públicos, proverbialmente desatendidos y desabastecidos por décadas, los pacientes terminales pierden la vida porque no cuentan con dinero suficiente para comprar una medicina que les alivie el dolor o que prolongue la miserable existencia por unos días más. Por ello, simplemente se les deja morir. ¿Acaso no es esa una eutanasia pasiva, socialmente disimulada?.

[1] Obra citada, pág. 82.
[2] NIÑO, ob. cit., pág. 83
[3] Es interesante la diferencia entre solutivo y resolutivo a la que alude el profesor argentino para establecer esta subclasificación de eutanasia, tomando como base el Diccionario de la Lengua Española: resolutivo alude al medicamento que tiene la virtud de resolver, es decir, de hacer que se disipe, desvanezca, exhale o evapore una cosa.
[4] SIERRA GIL DE LA CUESTA, Ignacio. Obra Citada
[5] Por ello resulta incomprensible que grupos de fanáticos que pululan en algunos países pretendan ignorar que parte del evangelio del nacional-socialismo fue la “eutanasia nazi” llevada a la práctica por el Dr. Brand, director de ese programa específico, que causó decenas de miles de víctimas. En la página 3ª de la edición de EL UNIVERSO correspondiente al Viernes 28 de abril del 2006, se publica una carta titulada “Elogian a Hitler” que tiene el siguiente texto: “En las vidrieras de una librería del centro de la ciudad [Guayaquil] se destacan libros que promueven el fascismo y el nacionalsocialismo, es decir, la ideología de Hitler. Entiendo muy bien que no se puede establecer una censura sobre libros (eso es precisamente lo que los nazis hacían), pero los medios deberían alertar a la ciudadanía para que sepa quiénes se prestan para divulgar estos materiales, donde por ejemplo se dice que los judíos son una raza inferior, se niega el genocidio que cometieron los nazis y se propone resucitar esa ideología”.
[6] www.muertedigna.org/textos/euta67.htm, pág. 2
[7] DWORKIN, citado por SIERRA GIL DE LA CUESTA, estudio citado.

domingo, 25 de abril de 2010

CONCEPTO DE EUTANASIA

La eutanasia propiamente dicha es el supuesto derecho a matar, anticipándose a la llegada de la muerte, para suprimir, sin dolor, los sufrimientos de quien se halla afectado por enfermedad o lesión incurables.

En su sentido etimológico la palabra “eutanasia”, deriva de las voces griegas eu, prefijo que significa “bueno”, y “thánatos”, sustantivo equivalente a muerte; por lo tanto eutanasia alude simple y llanamente a “buena muerte”. Pero desde la concepción griega hasta nuestros días el sentido terminológico se ha tornado mas difuso y complejo, aludiendo a “muerte rápida y sin tormentos”, “muerte digna, honesta y con gloria”, y hasta “bella muerte”, pasando por “muerte tranquila y fácil” y “muerte misericordiosa” o “piadosa”, por nombrar algunos de los significados que se le han atribuido. No obstante, si el vocablo mismo ha sido objeto de maltratamientos por el abuso caprichoso del prefijo eu, equiparado a todo lo que podría tenerse por “bueno”, los usos mismos de la palabra eutanasia conducen al observador a la perplejidad por haberse constituido en “paradigma de la ambigüedad semántica”[1]. Más aún, el presidente de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de España don Ignacio SIERRA GIL de la Cuesta, citando a Del Vecchio hace notar que a la Eutanasia se la puede definir con carácter general como “una muerte liberadora no de las angustias de la propia muerte, sino de las angustias de la vida”, por lo que es “la acción de acortar voluntariamente la vida del que padece una enfermedad incurable o muy penosa, y lo solicita para poner fin a sus sufrimientos”[2]. Son muchos los que se pronuncian abiertamente a favor de la licitud de la eutanasia por tratarse de un acto de piedad, de quien procede por compasión y accediendo al deseo del paciente desahuciado o de su familia para librarle con la muerte de una vida atormentada y dolorosa. Abiertamente, desde hace algunas décadas, se propone que se produzca un cambio en el pensamiento; así, Antonio BERISTAIN, sacerdote y penalista, en su obra EUTANASIA: DIGNIDAD Y MUERTE, expresa: “La Teología ética y la pedagogía ética han acentuado de tal manera las prohibiciones y los mandamientos-límite que han llegado a ponerse en contradicción con el mandamiento bíblico. Por ello es necesario y urgente que la ética y la teología moral cambien y esto no sólo porque ha cambiado la citación histórica, sino también porque se lo exige la misma fidelidad a la revelación. Tarea renovadora que deberá tener en cuenta tanto la exégesis como la hermenéutica, a fin de no confundir lo perenne y fundamental del mensaje bíblico con los condicionamientos históricos en los cuales este mensaje se expresaba”. Cada vez crece el número de los que están de acuerdo con la eutanasia, y lo hacen porque dicen, está de acuerdo con la moral y el derecho, señalando que para asumir una actitud frente al tema basta responder a una elemental pregunta: ¿Es posible condenar a vivir a aquellos para quienes la vida es un suplicio mayor que la misma muerte?. CUELLO CALÓN, (obra citada, p. 135), recuerda que “Napoleón, prisionero en Santa Elena, acosado por el recuerdo de los soldados atacados de peste en la expedición a Siria y Egipto hizo sacrificar por no poderlos transportar por el desierto, sostenía que no fue un delito suministrar opio a aquellos pobres apestados, sino un acto de obediencia a la razón. ¿Qué hombre no preferiría una muerte rápida a quedar expuesto a las más horribles torturas del bárbaro enemigo?. “Si mi hijo, añadía, y creo amarlo tanto como puede amarse a un hijo, se hallase en una situación semejante a la de aquellos desventurados, creo que debería obrar del mismo modo, y si me hallase yo mismo, pediría que conmigo se obrase así.”. En suma, para los defensores de la eutanasia, la muerte del doliente incurable atormentado por intolerable sufrimiento no es un bárbaro hecho de crueldad, no es un hecho inmoral, sino un acto humanitario y caritativo, en palabras de tratadista español.

Josef FUCHS, profesor de Moral en la Universidad Gregoriana de Roma (citado por BERISTAIN, ob. cit. p. 9) prueba y aprueba éticamente que la persona puede disponer (aunque no caprichosamente) de su vida; y rechaza la postura contraria y su argumento básico según el cual Dios es el único señor de la vida y de la muerte. Beristain concluye la cita expresando que, según su criterio, “Este argumento carece de consistencia teológica cristiana”.


[1] VERSPIEREN, Patrick: La muerte y el morir en la era tecnológica, Criterio, Bs. As, 1976, pág. 167.
[2] LA EUTANASIA EN EL ORDEN JURISDICCIONAL PENAL, Ponencia publicada en “Cuadernos y Estudios de Derecho Judicial”, edición 2004. Consejo General del Poder Judicial de España.

sábado, 24 de abril de 2010

INTRODUCCIÓN

La antigua concepción de la muerte como un misterio ha dejado de ser tal; si bien es verdad desde siempre fue motivo de preocupación y aún ahora lo es, la pérdida de la vida se la asume como un hecho natural e inevitable con el cual se debe confrontar el ser humano y su allegados, desde el momento mismo del nacimiento. Y si esto afirmamos de la muerte, en igual sentido se encaminan todos los pensamientos, sentimientos y efectos que le están vinculados; así, el miedo, el dolor, el sufrimiento que infundía la sola mención de la muerte se han modificado en los últimos tiempos. Hacer frente a la muerte ha adquirido una concepción distinta. “Por mucho que perturbe a nuestra propia idiosincrasia, mellada por la estrategia general del ocultamiento, ‘la vida es sentida a través de la experiencia presentida de la muerte”[1]. En la actualidad, podría decirse que las personas enfrentan con valentía el fenómeno de sus propias muertes y las de sus allegados, y ello porque como hace notar el profesor argentino citado, “el hombre es constitutivamente capaz de percibir de manera positiva su propia muerte. Rescatar la certidumbre de la muerte implica retrotraer a sus exactas dimensiones la angustia difusa y anónima que subsiste a su proscripción oficial de la vida cotidiana de los hombres. Y equivale a socializarla auténticamente. No ya como un río que, oscura y discretamente va a dar a la mar, sino como suceso individual que se multiplica, conmoviendo y engrandeciendo a cuantos mantengan relación afectiva, de intercambio de pensamiento, de obra, de lenguaje, con cada individuo en particular”. Esta actitud se hará más notoria en el futuro, como vaticina Antonio BERISTAIN “En el futuro comprenderemos cada vez más que el concepto de morir es equívoco y plurivalente. La vida es un bien, pero la muerte no es sólo, ni principalmente, la privación de un bien. El morir es también dar, darse, es amar, es un bien, es la culminación del vivir.”[2]

Igualmente, pero por efecto de los avances que ha experimentado la Medicina y el conocimiento humano, se ha tratado de prolongar al máximo la pérdida inexorable de la vida. Enfermedades que antes eran consideradas como mortales, en sí mismas, han dejado de serlo. En otros casos, su irremediable efecto, se ha demorado en el tiempo por meses y años prorrogando la vida por medios artificiales, científicos o técnicos de tal manera que hay quienes sostienen que morir se ha vuelto, para quienes pueden afrontar los gastos, un tema mucho más complicado de lo que hace un siglo fue, cuando las personas, en su inmensa mayoría morían plácidamente en las camas de sus propias alcobas, sin mayores complicaciones, aunque sí resignaciones, y ello porque la muerte no se podía evitar ni se podía demorar. Y esto, pese a que no siempre la vida prolongada artificialmente por unos meses más, tenga ni de lejos un recuerdo mínimo de lo que realmente significa vivir a plenitud. “Los extraordinarios progresos que en las últimas décadas se han producido en las ciencias en general y, en particular, en las ciencias de la salud han tenido gran repercusión en la sociedad y en su sistema de valores. Hoy en día, es posible curar enfermedades que hace pocos años no eran curables, la edad media en nuestro medio es muy elevada, los avances notables en el descenso de la mortalidad neonatal e infantil, el retraso del momento de la muerte por medios técnicos muy sofisticados, etc. Todo ello hace surgir y reavivar el debate en asuntos controvertidos para la sociedad, donde ocupa un lugar preferente la eutanasia”[3].

En la actualidad, la moderna ciencia y tecnología han creado algunas posibilidades para pacientes terminales y para sus familiares; pero, al mismo tiempo, esas mismas posibilidades han iniciado debates y posiciones doctrinales, legales, judiciales, éticas y médicas, en temas muy delicados como lo que significa la eutanasia en sus distintas formas, la buena muerte, la muerte con dignidad o la muerte asistida. En la eutanasia existe el ánimo de causar la muerte del paciente para poner fin a su dolor; “la vida se abrevia de modo directo e inmediato para eliminar el dolor: el sufrimiento se extingue con la vida”, a decir de CUELLO CALÓN, quien señala que éste es en realidad el verdadero problema jurídico que se discute con exaltada pasión, porque la pregunta fundamental que debe responderse es: ¿es lícito disponer de la vida de un enfermo sin esperanza de salvación para poner fin a sus angustiosos sufrimientos?. (TRES TEMAS PENALES. EL PROBLEMA PENAL DE LA EUTANASIA. Bosch Casa Editorial, p. 135). Por ello, dejando de lado otros ámbitos de reflexión, centraremos nuestra atención en las transgresiones contra la vida antes de que concluya biológicamente y de un modo natural, principalmente en los aspectos jurídicos vinculados con tan delicado tema.

Así como la vida del ser naciente es asediada o suprimida por medio de la anticoncepción y del aborto, también, a la vida en su proceso se opone la eutanasia, con la pretensión de añadir al derecho a la vida un derecho sobre la vida, el cual se manifestaría, en el un caso, por medio del suicidio, cuando el sujeto autodestruye su propia vida; y, la eutanasia, que pretende justificar otro nuevo derecho, el derecho a matar, cuando se trata de una vida declinante y sufriente, esto es la de moribundos adoloridos, sin descartar que en algunos casos de lo que se trata es de eliminar, definitivamente, un dolor insoportable, o suprimiendo una vida miserable y sin sentido, adjudicándoles previamente a sus titulares el calificativo de “muertos espirituales” dando por hecho que sus vidas carecen de valor.


[1] NIÑO Luis Fernando, EUTANASIA MORIR CON DIGNIDAD, Consecuencias jurídico-penales, Editorial Universidad, pág. 62; citando a VIDAL Marciano, El “más acá moral” de la muerte, pág. 231
[2] BERISTAIN, Antonio: Eutanasia: dignidad y muerte, pág. 17
[3] SUÁREZ SUÁREZ, Antonia: Artículo intitulado “Disponibilidad sobre la propia vida y el derecho a morir con dignidad”. http://www.juridicas.com/areas, citando la circular 3/95 de INSALUD, sobre Comités asistenciales de Ética.

viernes, 23 de abril de 2010

PRESENTACIÓN

Fue como si se les hubiera contratado a plazo fijo.
De pronto sus riñones y, luego, paulatinamente,
sus demás órganos vitales, dejaron de funcionar.
No pudo ya eliminar líquidos.
Los períodos de sueño se hicieron más prolongados;
no comía nada. Dejaron de alimentarle con sonda,
nada asimilaba, nada eliminaba.

Cuando la ví por última vez, los médicos habían
decidido practicarle una traqueotomía para “alimentarle”
por la fuerza, mientras sus manos y pies permanecían
amarrados a la cama, en tanto se retorcía de dolor.

En un momento que abrió sus ojitos, me reconoció y me dijo:
“Dígales a sus hermanas que me dejen morir.
Ahí está el papá y me pide que me vaya con él”.

Estoy convencido que la figura de mi padre,
muerto 40 años atrás, estaba en la puerta de la habitación
y le pedía que le acompañara a la eternidad.

Pedí a los médicos que eliminaran las torturas
y martirios a los que le habían sometido contra su voluntad.
A los dos días viajó con mi padre a la eternidad.

Entonces me prometí algún día escribir
sobre el derecho de las personas a morir en paz,
dignamente, tranquilamente.

A mi madre bendita dedico este trabajo.


Quito, Junio del 2006