martes, 18 de mayo de 2010

DISPONIBILIDAD DE LA PROPIA VIDA

En cuanto a la disponibilidad de la propia vida no puede perderse de vista que aun cuando las legislaciones no reprimen el suicidio ni la tentativa del suicidio – como es el caso ecuatoriano – si se sancionan las conductas de participación en el suicidio que demuestran el disvalor jurídico de la conducta consistente en quitarse la vida, “sólo explicable por el carácter indisponible de la vida humana”[1]. No obstante lo anterior, la opinión mayoritaria en la actualidad parece darse a favor del carácter disponible de la vida humana, aunque como hace notar la catedrática española “ni todos los autores otorgan a la disponibilidad de la propia vida el mismo fundamento, ni todos le establecen los mismos límites, ni todos derivan de ella las mismas consecuencias, que suelen variar según la clase de eutanasia de que se trate y sobre todo, según se extienda o no a los suicidios no eutanásicos”.
Veamos el resumen de algunas posiciones doctrinarias recurriendo a un “criterio sistematizador” basado en los “distintos grados de admisión de la disponibilidad sobre la propia vida, desde el más amplio e indiscutible hasta el más limitado y/o cuestionado”, aunque sin perder de vista que el Derecho Penal protege bienes jurídicos. El bien jurídico, según Luis Fernando NIÑO, (ob. cit. p. 126) es “la expresión jurídica del reconocimiento de un interés del individuo, necesario para su plena realización, en armonía con el medio social”. Algunos de esos bienes jurídicos que protege el Derecho Penal son indiscutiblemente renunciables, como la libertad, la propiedad, la integridad física. La pregunta clave, por tanto, es: ¿está la vida dentro de los bienes jurídicos a los que puede la persona renunciar libremente?.
1. Por lo que el homicidio consentido es punible al igual que cualquier otro homicidio, un importante sector de la doctrina afirma que, sobre esa base, la vida humana no es disponible, pese a que, en la práctica, el reconocimiento de la disponibilidad de la propia vida en situaciones que motivan la eutanasia pasiva no plantea problemas puesto que “las condiciones de vida del enfermo están tan degradadas que su mantenimiento artificial supone una degradación más”[2]. Por ello, en palabras de la misma autora, es importante “recoger el reconocimiento de la disponibilidad de la propia vida ante un tratamiento destinado únicamente a prolongarla de modo artificial, lo que no puede sino basarse en la imposibilidad de entender el derecho a la vida como algo vinculado o comprensivo de un teórico ‘deber de vivir”.
2. Puede reconocerse la disponibilidad de la vida para fundamentar la impunidad de la eutanasia activa en determinados casos; pero, esta capacidad de “disposición incluiría la decisión de que un tercero intervenga activamente en la causación de la propia muerte, sin ser por ello acreedor de responsabilidad penal”[3]. Las opiniones a favor de este alcance de la disponibilidad son cada vez más frecuentes. Importantes autores españoles como DEL ROSAL BLASCO y VALLE MUÑIZ tratan de encontrar un fundamento constitucional en el reconocimiento del derecho a la vida que, implícitamente, incluiría un “derecho a la muerte” del que se derivaría la disponibilidad absoluta de la vida, en cuanto tampoco se da lo contrario, esto es, la absoluta protección y absoluta irrenunciabilidad. Por ello se argumenta que “la vida es un derecho fundamental que, aunque con suma cautela por tratarse de uno de los más importantes, admite que el ordenamiento haga decaer su protección absoluta en determinados casos[4]”, como, por ejemplo, en la legítima defensa, en actos de heroísmo y renunciamiento por razones religiosas o fuertes convicciones políticas o revolucionarias[5]; de igual manera, los casos en los que socialmente se acepta como normal y corriente la disposición de la vida; así en los deportes de alta montaña, las profesiones riesgosas, las operaciones quirúrgicas con finalidad plástica o reparadora; y como se hace notar citando cifras: “la causa principal del fallecimiento de los jóvenes en muchos países está configurada por los accidentes viales” (NIÑO, ob. cit. p. 128).
En igual sentido, hay también autores que interpretan el derecho a la vida integrándolo con otros preceptos constitucionales y valores superiores, especialmente, la libertad. Así, CARBONELL-GONZÁLEZ CUSSAC entienden que “sólo la vida libremente querida por su titular merece protección penal (o su consideración como bien jurídico protegido), mientras que KAUFMANN relaciona directamente el derecho a la vida de la Constitución alemana con la capacidad de autodeterminación humana, lo que le conduce a rechazar la irrenunciabilidad de derecho a la vida.”
Pero, como hace notar la catedrática española, cuyas reflexiones seguimos en este punto, lo que no puede perderse de vista en esta concepción para comprenderla con mayor facilidad es que el ámbito de disposición de la vida está determinado por el propio titular del derecho, “lo que conduce, expresamente o no, a la total ausencia de límites – o al establecimiento del consentimiento como el único de ellos – o bien a la proclamación de un “derecho a la muerte”, pero a condición de que se cumpla la exigencia previa de que en cualquier caso un tercero deberá ejecutar la muerte a petición. Por ello, no es extraño que hayan aparecido opiniones partidarias de integrar el ámbito del derecho a la vida con el de otros derechos fundamentales como la dignidad o el libre desarrollo de la personalidad: la vida no es un valor absoluto, sino directamente vinculado a otros derechos que son inherentes a la persona humana. De esta concepción de la vida no se deduce su irrenunciabilidad sino, entiende DEL ROSAL BLASCO, todo lo contrario, esto es, la posibilidad de disponer de ella rechazando el deber de seguir viviendo, cuando las condiciones que rodean la existencia la hace insoportable”.
3. Otro grupo de opiniones niega la justificación o, en general, la impunidad, de la eutanasia activa y, en tal sentido, niegan que la disponibilidad sobre la propia vida llegue al extremo de admitir la impunidad de la intervención de terceros. Así, BAJO FERNÁNDEZ, quien si admite ciertos márgenes de disponibilidad para otros supuestos, mantiene la tipicidad y plena responsabilidad en la eutanasia activa. Igualmente, LUZÓN PEÑA se manifiesta contrario a que los valores del Art. 1 de la Constitución española (“que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”) prevalezcan sobre el derecho a la vida, manteniendo la posibilidad de que el Estado la garantice a través de la indisponibilidad.
4. Finalmente, un último grupo se ubica en el de menor aceptación de la disponibilidad sobre la propia vida y en él se encuentran los supuestos del suicidio no eutanásico. Considera que la impunidad de la conducta del suicida puede explicarse como una decisión político-criminal o basada en razones prácticas, (porque ya no se puede juzgar y condenar al cadáver del suicida) lo cual no necesariamente significa que se la considera lícita por suponer un ejercicio de la disponibilidad de la propia vida, como en el caso de las auto lesiones y de la auto mutilación, en los que se estaría renunciando a los derechos a la integridad física o a la salud, que no se sancionan por falta de tipicidad en el Código Penal común, pero sí reprime en el Código Penal militar[6]. Pero, aun en caso de que se admita que en el suicidio no eutanásico el suicida está actuando lícitamente por ejercer su derecho a la disponibilidad sobre la propia vida, queda prácticamente sin piso la opinión favorable a fundamentar la impunidad de cualquier forma de participación en el suicidio ajeno, como la instigación y cooperación determinante, que sí reprimen prácticamente todos los códigos penales[7].
En suma, el derecho a la vida que reconoce la Constitución Política de la República no incluye el deber de seguir viviendo, por lo que se permite un ámbito de disponibilidad sobre la propia vida y por ello el suicidio es impune. La consideración de la vida como un derecho y no como un deber, “evita una ficticia confrontación entre la vida y la libertad que se pretende resolver apelando a la prevalencia formal de una sobre otra”. A. PIEPER, en su obra ARGUMENTOS ÉTICOS A FAVOR DE LA LICITUD DEL SUICIDIO (Concilium, 199, mayo 1985, p. 370) citado por BERISTAIN (ob. cit. p. 15) dice: “El suicidio responsable (no patológico) es una acción que se realiza a favor de la libertad; es cierto que no abre ninguna libertad nueva para el que lo lleva a cabo, sino que concluye para él de una vez por todas esta forma de realización del hombre, pero simultáneamente revela su voluntad de afirmar la validez del principio de libertad: precisamente, por reconocer el principio de libertad, se prefiere la muerte a una vida no libre y, por tanto, no humanamente digna de vivirse. Una vida que ya sólo se puede sostener a costa de la humanidad es, desde el punto de vista de lo humano, más indigna que el simple no vivir”.
A mayor reconocimiento de la disponibilidad del bien jurídico vida, mayor permisión de la intervención de terceros incluso sin el consentimiento expreso del afectado (eutanasia pasiva), por razones de piedad, compasión o lástima. La Constitución reconoce implícitamente la disponibilidad porque no la prohíbe ni la permite, pero esto no significa necesariamente que el ordenamiento jurídico valore positivamente la muerte consentida ni que la protección jurídica de la vida se retire absolutamente. Desde el punto de vista constitucional, cabe perfectamente admitir la licitud de ejecutar la propia muerte, o cuando menos aceptar que “el suicidio en situaciones extremas es una acción éticamente permitida o indiferente”[8] pero, el problema principal, que realmente es motivo de nuestra preocupación lo encontramos en la posible intervención de terceros en aquellos casos en los que la disponibilidad de la vida sólo es ejecutable con la intervención de terceros, en caso de imposibilidad del titular de la vida o en otros supuestos excepcionales. Este es el núcleo del problema.
Carlos BINDING sintetiza el problema desde el ángulo jurídico planteando preguntas directas: ¿Debe limitarse la destrucción de los seres humanos a la forma no permitida, pero sí tolerada e impune, del suicidio? ¿Puede, por el contrario, extenderse – y en qué limites – el aniquilamiento lícito de la vida humana por terceras personas?; y, más concretamente, el problema podría plantearse jurídicamente así: ¿Hay vidas humanas que han perdido la cualidad de bien jurídicos, por quedar desprovista de valor la continuación de su existencia, tanto para el mismo sujeto como para la sociedad?[9]



[1] GARCÍA ARÁN, Mercedes. EUTANASIA Y DISPONIBILIDAD DE LA PROPIA VIDA, página 3. Cuadernos y estudios de Derecho Judicial; Consejo General del Poder Judicial español. Edición 2004. Luis Fernando NIÑO, dice: “De Sócrates  - en su diálogo con Cebes – a Cuello Calón, de Moisés – en el Deuteronomio – a Olesa Muñido, la postura es prácticamente unánime: la vida es un don dado por Dios y sujeto a su potestad que hace vivir y hace morir”.
[2] GARCÍA ARÁN, Mercedes. Obra citada
[3] GARCÍA ARIÁN Mercedes, obra citada
[4] GARCÍA ARIÁN Mercedes, obra citada
[5] Luis Fernando NIÑO en su obra EUTANASIA. MORIR CON DIGNIDAD, p. 41, recuerda que “La muerte del enemigo en situación de guerra “justa”, la del criminal – por orden de la autoridad pública y según la ley – y el homicidio en legítima defensa componen la tríada de más rancio abolengo en este elenco de situaciones excepcionales”. También nos recuerda que en el Corán, “se reconoce como aceptado por Dios “el sacrificio de los piadosos (Azora V, vers. 30), la defensa legítima (idem, vers. 35) la pena de muerte talional para el homicida (Azora II vers. 173) y la “guerra santa” (idem, vers. 244-246).
[6] “Art.  111.-  Los  que  se mutilaren o inutilizaren por si mismos, para  el  servicio  militar, o consintieren con otros les inhabiliten, así  como éstos, serán sancionados con dos a cinco años de prisión, en tiempo  de paz; y en campaña, con reclusión mayor ordinaria de nueve a doce  años  y  con  reclusión mayor extraordinaria, frente al enemigo”.
[7] Para Hans WELZEL, citado por NIÑO, (ob. cit. p. 132) es de fundamental establecer una diferenciación entre el acuerdo y el consentimiento propiamente dicho, teniendo presentes los siguientes extremos: a) la regla general en la vida individual y social desarrollada en comunidad es la libertad; b) el legislador sólo puede acuñar tipos legales tomando en cuenta la seguridad de los ciudadanos, considerados individual o genéricamente; c) para proveer al fin general del Derecho Penal hay que seleccionar entes u objetos que, al ser valorados como positivos, habrán pasado a ser bienes; y, al resultar protegidos por la norma, habrán devenido bienes jurídicos. De esta reflexión se derivaría que una persona tenga el derecho a disponer de un objeto con asistencia de otros, siempre que no sea en contra de la voluntad del titular del bien jurídico.
[8] A, PIEPER, Argumentos éticos a favor de la licitud del suicidio, en “Concilium”, 199 (mayo 1985) p. 370. BERISTAIN, dice: “Hemos superado ya, en muchos aspectos, aquellos tiempos cuando la condena teológica del suicidio era pacíficamente admitida por eminentes juristas, como Beccaria. Según éste, el suicidio no es delito, pero sí acarrea “una eternidad infeliz y supone una culpa que Dios castiga”. Luego, el sacerdote-penalista concluye: “Lo mismo se puede decir, y por los mismos argumentos, acerca del derecho a culminar la vida con dignidad” aunque, en lo personal, no creemos que un Dios misericordioso imponga castigos eternos siempre y en todos los casos a quien se quita la vida – o permite que le quieten – porque su existencia en este mundo se ha tornado insoportable.
[9] Citado por JIMENEZ DE ASÚA Luis, en EUTANASIA Y HOMICIDIO POR PIEDAD, Editorial Desalma, Buenos Aires,1992, Séptima edición, p. 409, 410.

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